“El amor a la Justicia como instrumento de equilibrio para la dignidad del hombre”.
Víctor Jara.

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El ocaso de la CUT.

“El ocaso de la CUT”.
Por Juan Pablo Cárdenas
(Premio Nacional de Periodismo).

La corrupción de la política tiene su correlato en la descomposición de nuestros referentes sindicales. La misma forma en que se toman decisiones en los partidos y la falta de representatividad de los mismos se reproduce en la Central Unitaria de Trabajadores y otras mínimas expresiones de los trabajadores chilenos. Lo primero que se debe consignar es que en más de dos décadas de post dictadura, los índices de sindicalización en nuestro país apenas superan el 15 por ciento de la masa laboral. Esto es, que de los 5 millones de trabajadores, menos de 800 mil pertenecen a alguna agrupación sindical. Al mismo tiempo que un porcentaje ínfimo de sindicatos está afiliada a la CUT, entidad que ya no tiene nada de unitaria, ni ejerce liderazgo importante según lo evidencian, incluso, sus paupérrimas convocatorias para conmemorar el Primero de Mayo.
   Si no fuera por la presencia en éstas de los estudiantes, medioambientalistas y luchadores por los Derechos Humanos, lo cierto es que la concurrencia laboral a las mismas resultaría aún más bochornosa, en medio de un clima nacional marcado por las movilizaciones sociales, cada vez más masivas y extendidas por todo nuestro territorio.
   La CUT es una entidad que le ha resultado muy conveniente a los gobiernos de la Concertación como, también, al actual. Para cada uno de los ministros de Hacienda ha resultado cómodo tener interlocución con dirigentes completamente ilegitimados dentro del mundo laboral y sin capacidad de ejercer presión real para imponer las justas aspiraciones, derivadas de una estrategia política y económica que fomenta el salario paupérrimo, el empleo precario y las colusiones de la clase patronal.
   La negociación anual respecto del salario mínimo se ha constituido en un trámite cada vez más ignominioso para la dignidad de los trabajadores, quienes en cada oportunidad deben comprobar la distancia existente entre el reajuste que solicitan y el que resulta de la imposición de las autoridades, la decisión de los partidos y los acuerdos parlamentarios.
   En el país donde las diferencias salariales son las más pronunciadas del mundo, nuestros representantes sindicales vienen perpetuándose en sus directivas, como lo está la camarilla de dirigentes de la CUT y de otras organizaciones, gracias al arreglo cupular y las cuotas de poder que les asignan los comisarios políticos e infectan sus resoluciones y renuncios.
   Personajes todos que, sin rubor alguno, administran la alcancía sindical en viajes, suculentos almuerzos y viáticos, tanto que para nadie resulta ya un misterio que los fondos que manejan son el resultado de asignaciones de los gastos reservados del Ejecutivo, como de los sobornos empresariales abiertos o disfrazados que premian su buena conducta y “espíritu patriótico” en consentir siempre reajustes que consolidan el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los chilenos, especialmente de los más pobres. En esto es que tiene base, seguramente, el reciente acuerdo de “cuello y corbata” entre la CUT y la confederación patronal de la producción y del Comercio (CPC), en que unos y otros han manifestado un conjunto de “voluntades comunes”.
   Cuando se reconoce que el sindicalismo chileno vive en estado de crisis es por la incapacidad demostrada por los dirigentes dignos y limpios para imponerse a las maquinarias electorales de sus organizaciones, donde la cupularidad y el autoritarismo es todavía más escandaloso que el que campea en los propios partidos políticos.    
   Mientras que en los verdaderos regímenes democráticos, los procesos eleccionarios de los sindicatos y otras instancias sociales es reglamentada por ley y vigilada por las autoridades y la prensa, aquí éstos se suceden en el más inaudito secretismo, cuanto que ya es tradicional que las pugnas se resuelvan en la repartición de prebendas y la suscripción de compromisos que prometen renovación y transparencia.
   El país no sabe de sus registros y procedimientos electorales, salvo cuando trascienden las prácticas del acarreo de votantes, la desaparición de sufragios y el arreglo final mediante pactos celebrados entre cuatro paredes. De esta forma es que la burocracia sindical de la CUT vuelve a urdir sus comicios internos de agosto próximo, donde lo más seguro es que aquellos que todavía creen posible corregir “desde dentro” a las instituciones descompuestas vuelvan a sufrir una nueva y dramática decepción.
   Después de tantos años en lo mismo, es preciso dejar morir a las instituciones arcaicas y proponerse nuevos referentes y propósitos. Que busquen, por cierto, una afiliación sindical masiva y un nuevo pacto laboral destinado a consolidar movilización social, negociación colectiva, salarios dignos, previsión segura, así como la recuperación para Chile de nuestros recursos naturales y empresas productivas y estratégicas. Que ponga a los trabajadores a la vanguardia de aquellas organizaciones sociales que le han dicho BASTA al régimen político y económico que nos rige, y suman esfuerzo por hermanar a Chile con aquellos procesos destinados a recuperar soberanía nacional, impedir la concentración de la riqueza e imponer equidad social.

Juan Pablo Cárdenas.


EL CASO FOSIS-MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

SUMARIO A FUNCIONARIOS FOSIS V REGIÓN Y DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO.
(PROGRAMA PUENTE CHILESOLIDARIO).


Alfonso Hernández.

Respetar la dignidad personal exige el reconocimiento, en el ser humano, de su calidad de fin en sí, de no ser medio, ni ser tomado como medio o instrumento, para fines u objetivos extraños a él, impuestos por otros, sea su empleador, sea el poder político. Dicho en palabras sencillas, nuestra dignidad envuelve el derecho de no ser utilizado para propósitos ajenos.

Recordamos lo anterior ya que posee interés no sólo jurídico y administrativo, sino también ético social, una reciente investigación de Contraloría Regional Valparaíso, especialmente valiosa para quienes se desempeñan en el aparato estatal (no del “Gobierno”, como erróneamente se ha generalizado la idea, sino del Estado, el cual financiamos todos). Investigación promovida en 2006, transformada en Sumario administrativo en 2007, que reunió más de 800 fojas y anexos, y que produjo la Resolución exenta 411, expedida formalmente el 31 de diciembre de 2009.

Su lectura servirá para que, examinando comportamientos concretos, y su desvaloración o reproche jurídico (oficial y específicamente formulado por Contraloría), de modo práctico conozcamos sobre el contenido y límites de la acción funcionaria, previendo o reduciendo la violación de deberes y el incumplimiento de obligaciones, particularmente en lo que atañe a la probidad pública.

Se investigó acciones y omisiones ilícitas cometidas, entre otras personas, por funcionarios del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, y de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Valparaíso, vinculados a la ejecución del Programa Puente Chilesolidario.

Contraloría, en diferentes instancias (Fiscal Instructor, Jefe de la Unidad de Auditoría e Inspección, y Contralor Regional), después de recibir los descargos y pruebas de los inculpados, estableció tanto algunos hechos esenciales como la responsabilidad en aquéllos, requiriendo la aplicación de medidas disciplinarias en contra de varias personas: César Barra Rozas (ex Director regional de FOSIS), Sandra Oyarzún Cabrera (Coordinadora V región del Programa Puente Chilesolidario), Margarita Gaete Vargas (exDirectora de Desarrollo Comunitario, DIDECO, de la Municipalidad de Valparaíso), Marisol Rubiño Fuentes (Jefa del Departamento de Desarrollo y Promoción Social de dicho Municipio), Sergio Rondanelli Gajardo (ex Jefe de la Unidad Puente Chilesolidario del mismo municipio), y otros dos funcionarios.

Según fojas 769 del expediente sumarial, se comprobó la participación de la asistente social Danitza Roa Santos (ex Coordinadora para la provincia de Valparaíso del citado Programa Puente Chilesolidario), en varias actividades; sin embargo, atendiendo que al momento de inicio formal del Sumario administrativo (27 de septiembre de 2007), dicha persona ya no prestaba servicios en FOSIS (sino como directora regional de PRODEMU), no fue posible, para Contraloría -pese a su acreditada participación- formularle cargos.

En dicha época, alcalde del municipio era Aldo Cornejo, y Mario Ossandón era director de FOSIS.


No obstante el clima adverso, numerosos trabajadores y extrabajadores del Programa mencionado, testificaron la verdad. Declaraciones concordantes con múltiples antecedentes, alumbraron el proceso administrativo respecto de hechos esenciales y sus circunstancias. Hechos reiterados, al punto que no es casual una observación contenida en los Vistos de la citada Resolución 411: “una realidad cuyo desencadenamiento venía gestándose a través del tiempo...” (Vistos, pág. 18, párrafo 2).

Por el contrario, testimonios provenientes de otros declarantes buscaron ser tan favorables a quienes deseaban beneficiar, que incluso negaron hechos reconocidos, inevitablemente, por varios de los propios inculpados (Vistos, pág. 8, párrafo 5).

Falsos testimonios delictuosos e –irónicamente- inútiles.

Lo acreditado en el Sumario, y numerosas otras declaraciones coherentes y veraces, les desmintieron medularmente.

Por otra parte, durante el proceso administrativo surgieron otros ilícitos vinculados, por ejemplo, respecto de una inculpada al emitir un Informe para el órgano fiscalizador. Para éste, textualmente, “…la intervención de la funcionaria en su elaboración está en directa relación con su interés personal de mostrar una realidad favorable de sus actuaciones…” (Resolución 411, Vistos, pág. 10, párrafo 2).

Incoherencia institucionalizada es que tales conductas se presenten en la ejecución de un programa social, en el que más debía –y debe- imperar, por parte de la superioridad FOSIS y del Municipio de Valparaíso, los principios de respeto hacia trabajadores, a su integridad psicológica y moral, y también a sus derechos laborales. En esta última área, recordamos la carta presentada ante la entonces ministra Clarisa Hardy, sobre el desfase remuneratorio año 2006 para los trabajadores Puente Chilesolidario (pese a que el Congreso Nacional proporcionó los fondos), emplazamiento que Hardy nunca respondió.

Respeto, asimismo, a sus derechos ciudadanos, opciones políticas y libertad electoral. Tengamos presente que en el año 2005, ya en septiembre, había varios candidatos a diputados por dicho Distrito, y no sólo el sr. Avsolomovich y, en lo referido a las candidaturas a la Presidencia de la República, había varios postulantes, no sólo la sra. Bachelet y el sr. Piñera, sino también, por ejemplo, el sr. Hirsch. Y también eran –y son- derechos ciudadanos, el haber votado nulo o blanco. E incluso no haberse inscrito en los registros electorales.

Y, en lo que atañe al “debido agradecimiento” por tener el empleo, aquél debía -y debe- concretarse en desempeñarle correctamente.

Lo procesalmente acreditado implicó actividades de variados partícipes, coordinadas entre sí, ejecutadas bajo un desequilibrante régimen de contratación laboral (honorarios), deliberadamente custodiado para conservar gran control sobre sus trabajadores, incluso en sus conductas más personales.

Conocer lo acreditado en el Sumario debe fortalecer el respeto de su integridad psicológica y moral, y de otros derechos tales como los de índole político electoral y laboral, desanimando, por ejemplo, intimaciones ilícitas sobre ellos, tales como “si no lo haces te vas; son órdenes”, caso a propósito de la instrucción para el acarreo de la gente modesta que se atiende, como comparsa, hacia las afueras del recinto del Congreso Nacional, durante el Mensaje presidencial de 21 de mayo de 2005. Imposible desarrollar debidamente cualquier programa estatal si tales realidades palpitan en él; su ejecución debe partir por el respeto hacia sus propios trabajadores.

Aunque, como casi siempre ocurre, el hilo se cortó en sus partes más delgadas (“son órdenes”, decían), esta investigación posee enorme utilidad -presente y futura- para los trabajadores del servicio público, sean de planta, a contrata o a honorarios.

Reproducimos la Resolución 411, incluidos sus Vistos. Envuelve la formulación de cargos, la resumida descripción de la defensa de los inculpados, el análisis o consideración oficial de tales descargos, y la resolución contralora definitiva.



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¿Cómo se fabrica la deuda externa?

La metamorfosis de los intelectuales en América Latina. James Petras

Las dictaduras de la década de los setenta jugaron inicialmente un importante papel en el cambio del mundo intelectual latinoamericano. En primer lugar asesinaron, encarcelaron o desterraron a muchos de los intelectuales señeros, particularmente, a aquellos vinculados con activistas sociales. Los encarcelados que tuvieron la suerte de ser puestos en libertad, los exiliados y los expulsados de las universidades, perdieron su principal fuente de ingresos. Los diarios fueron cerrados; los movimientos, sindicatos y partidos políticos parcialmente destruidos; las revistas y periódicos fueron cerrados o sufrieron una rígida censura. La clase intelectual política y económicamente vulnerable, estuvo crecientemente dispuesta a aceptar el financiamiento externo como una forma de supervivencia.
Por otra parte, debido a las presiones de la opinión pública internacional (incluyendo a los activistas por los derechos humanos, la Iglesia, los partidos políticos, etc.), las agencias gubernamentales de asistencia en Europa y Canadá, así como fundaciones privadas en Estados Unidos aumentaron sus subsidios y liberalizaron sus criterios ideológicos con respecto a beneficiarios potenciales en América Latina. Los programas de ayuda así liberalizados y las purgas que los regímenes aplicaron a instituciones políticas y movimientos, fueron bases para la creación de un nuevo mundo intelectual: el de los centros de investigación financiados desde el exterior. Para los intelectuales política y económicamente vulnerables; esto fue en algunos casos un salvavidas: la vinculación a agencias gubernamentales subsidiantes de Europa o a fundaciones estadounidenses, proporcionó protección política y una sólida fuente de ingresos, que ayudó a muchos a sobrevivir y proseguir una vasta gama de temas de investigación. Los resultados inmediatos de esta unión entre las fundaciones liberales y socialdemócratas y los intelectuales vulnerables pareció sólo para bien: mientras las universidades y los institutos públicos eran arrasados, islas de racionalidad, ciencia y análisis crítico continuaban recogiendo datos y publicando estudios científico-sociales.
Los mayores y mejor establecidos institutos fueron controlados y dirigidos por intelectuales de centro-izquierda que habían desarrollado vínculos con fuentes exteriores de subsidios desde fines de los años sesenta y principios de los setenta. El crecimiento y el éxito de estos centros de investigación condujo a la proliferación de nuevos institutos identificados por una literal sopa alfabética de siglas. Una amplia gama de escritores, intelectuales, políticos y analistas económicos entró en la competencia para obtener fondos. Con el retorno de muchos intelectuales que habían vivido en el extranjero, el número de institutos se multiplicó. En el exterior, los intelectuales exiliados habían recibido, en muchos casos, recursos de gobiernos o de fundaciones y estuvieron en estrecha colaboración con las corrientes liberales y socialdemócratas vigentes.
Una conexión directa se estableció entre la integración institucional de los intelectuales latinoamericanos desplazados dentro del estado de bienestar liberal-socialdemócrata y su creciente consumo de corrientes intelectuales posmarxistas. Luego de su regreso a América Latina, esas redes estructurales e ideológicas del exterior se convirtieron en ingredientes esenciales para la posterior expansión de los nuevos institutos. Tales vinculaciones fueron importantes, porque las condiciones económicas latinoamericanas en el período posmilitar eran altamente desfavorables. La cuestión económica fue particularmente sensible, porque los intelectuales que regresaban experimentaron un agudo descenso de su nivel de vida, en relación al que acostumbraban tener en Europa, México, Venezuela o Estados Unidos.
En resumen, el ejemplo de los institutos económicamente exitosos, el poder de influencia derivado de contactos ubicados en el exterior, las desfavorables condiciones económicas de las universidades públicas y el deseo de atenuar los declinantes niveles de vida, fueron todos factores que impulsaron el amplio flujo de los exiliados radicales en retorno a entrar en el juego crecientemente competitivo de preparar proposiciones para recibir financiamiento externo. Algunos intelectuales orientados a trabajar en institutos de investigación fueron paradójicamente ayudados por la profundización de las crisis económicas, que agudizó la pobreza y la miseria de los medios rural y urbano incrementando de ese modo la preocupación política en las agencias exteriores de financiamiento. Temiendo una nueva ola de inquietud social y protesta política contra los regímenes liberales y conservadores en el poder (que podía terminar con las amortizaciones de la deuda externa), las fundaciones vertieron más recursos en los institutos.
Si la primera ola de asistencia económica externa fue dirigida a la crítica del modelo económico y a la denuncia de las violaciones de derechos humanos de las dictaduras militares, la segunda ola se dirigió al estudio de los nuevos movimientos sociales, mientras que la tercera ola de financiamiento se centró en el proceso de democratización y la deuda. Los estudios producidos encajan en un mismo esquema: los estudios sobre la dictadura encararon sus rasgos políticamente represivos y no sus vínculos económicos y militares con las elites de Europa Occidental y los Estados Unidos; la violencia de Estado se analizó en términos de violaciones a los derechos humanos, no como expresión de dominio de un sector social sobre otro, de la luchas sociales, de la violencia social; la base política que surgió de esos estudios planteó el tema como concepciones políticas enfrentadas, como conflicto entre la democracia liberal y la dictadura militar; la disociación deliberada de la estructura de estratos sociales, del poder estatal, fue justificada por la idea de que la esfera política era "autónoma" de la sociedad civil.
Los estudios de los movimientos sociales siguieron la misma tendencia; proclamaron que los movimientos sociales se contraponían a la política de clase, que la estructura socialmente desigual de la que surgieron era "heterogénea", y que los esfuerzos de los movimientos sociales estaban muy alejados de las antiguas ideologías. la línea política respecto a los movimientos sociales fue, en primera instancia, la de que estos debían separarse de los partidos ideológicos (radicales); más tarde, con el ascenso de los partidos electorales liberales, la línea política se desplazó y se aconsejó a los movimientos que canalizaran su atención hacia la "lucha por la democracia". La "autonomía de los movimientos sociales" fue impulsada cuando los investigadores trataron de apartarlos de la izquierda; la "participación en amplios frentes democráticos" se convirtió en la fórmula que los investigadores impulsaron, cuando la política electoral liberal pasó a primer plano.
La tercera etapa del financiamiento -relativa a la democratización- fue la más abiertamente ideológica: la investigación se centró en un conjunto de fórmulas que justificaban el acomodo con las elites militares y económicas locales y extranjeras como la única opción viable "posible", congelando así el proceso de transformación en una transacción entre civiles conservadores y militares.
En pocas palabras, la investigación conducida por institutos latinoamericanos revela un conjunto común de recetas políticas. Los estudios contienen una gran cantidad de datos e información, pero empotrados en un marco ideológico densamente influido por las agendas políticas de las agencias de financiamiento externo e interno. En cada punto los proveedores de fondos externos eligen temas de preocupación particular para sus responsables de las decisiones en política exterior y empresarial. Buscaron crear alternativas políticamente estables a las dictaduras, y ubicar fuerzas políticas capaces de refrenar desafíos futuros a la hegemonía occidental liberal en el mercado.
Su meta básica fue establecer la hegemonía ideológica entre los intelectuales latinoamericanos, dado que éstos sirven como importante terreno de reclutamiento para el sector político de centro-izquierda.
La relación entre los financiadores externos y los intelectuales es compleja y sutil. No hay ultimatos y el grado de supervisión política abierta es limitado. Hay frecuentes reuniones e intercambios de ideas sobre temas adecuados, en las que parece haber cierto grado de influencia recíproca. Con no poca frecuencia, las agencias que proveen los fondos anuncian sus prioridades de investigación anual: una cuestión altamente politizada queda recubierta por el manto de la jerga de la ciencia social. Los directores o empresarios de los centros de investigación organizan equipos, para formular propuestas que vinculan la realidad local a los proyectos de sus benefactores potenciales.
A menudo los directores de investigación locales pueden anticipar los deseos y necesidades políticas de los proveedores de fondos de ultramar y discutir sensatamente en defensa de sus intereses. Así la apariencia de "autonomía local" queda enganchada a los proyectos políticos de los poderes hegemónicos. La incongruencia entre la apariencia de autonomía intelectual y la profunda dependencia económica es importante, tanto en el plano político como en el psicológico. Sin la apariencia de autonomía, llevar a fondo la compilación de datos sobre temas delicados podría ser cuestionada.
Las consecuencias directas de la dependencia económica se manifiestan a nivel ideológico, estableciendo los parámetros políticos del discurso intelectual. De allí la importancia de conservar una imagen de autonomía intelectual para disimular la dependencia. La investigación crítica sobre participación popular, organizaciones de base, políticas de ingreso, etcétera, es esencial para fomentar una imagen de autonomía intelectual, mientras que la disociación de esas condiciones de su contexto imperialista y de clase aumenta los vínculos a largo plazo con los benefactores externos.
La transformación de los intelectuales latinoamericanos se centra en su incorporación como funcionarios de investigación a centros de estudios que dependen del financiamiento externo e interno. Su trabajo les exige suministrar información que sus benefactores no obtendrían de otro modo, y, lo que es aún más importante, hacer circular e implantar las ideas y conceptos aceptables para sus benefactores como ideología dominante de la clase política.


El cambiante eje de rotación intelectual
En el pasado, América Latina poseía -en el mejor de los casos- lo que Gramsci llamaba "intelectuales orgánicos": escritores, periodistas y economistas ligados directamente a las luchas políticas y sociales contra el imperialismo y el capitalismo. Eran piezas integrales de los sindicatos, de los movimientos estudiantiles, o de los partidos revolucionarios. Luis de la Puente en Perú, Roberto Santucho en Argentina, Julio Castro en Uruguay, eran algunos de los cientos si no miles de intelectuales que integraban su trabajo intelectual a las luchas sociales de sus países. Y los intelectuales orgánicos consecuentes establecieron las normas de conducta para el resto de la clase intelectual. Para miles de otros intelectuales el ejemplo político y personal de los intelectuales orgánicos sirvió como vara de medir, a la que se aproximaban en diverso grado. Había una lucha "interna' continua entre el oportunismo profesional y el compromiso político, a medida que los intelectuales latinoamericanos se esforzaban por tomar decisiones existenciales. Esta lucha ya no existe: ha quedado resuelta y olvidada desde hace tiempo, en la nueva generación de intelectuales orientados por los centros de investigación. El problema es hoy cómo asegurarse mejor la mayor suma de dinero de la agencia exterior financiadora más accesible.
Los intelectuales institucionalizados son, en sentido foucaultiano, prisioneros de sus propios y estrechos deseos profesionales. Sus vínculos con las fundaciones externas, con las burocracias nacionales e internacionales y con los centros de investigación, dominan una vida política vacía y vicaria.
En el pasado los intelectuales orgánicos luchaban con una existencia intelectual autosustentada y autofinanciada. Vivían y sufrían los ciclos económicos de sus países. Hoy los intelectuales institucionalizados viven y trabajan en un mundo dependiente del exterior, resguardados por pagos en divisas fuertes y los ingresos derivados, independientemente de las circunstancias económicas locales. Los profundos vínculos internos horizontales entre los intelectuales orgánicos y la sociedad civil, contrastan con los vínculos verticales entre el intelectual institucionalizado y las agencias de financiamiento externo y, al llegar los regímenes civiles, con el Estado y el régimen local.
Las dictaduras crearon indirectamente una nueva clase de intelectuales orientados "internacionalmente", críticos aparentes del modelo económico neoliberal, pero tan empotrados en relaciones dependientes con redes de ultramar como sus adversarios de las elites exportadoras y financieras. Esta nueva clase tiene un estilo de vida y de trabajo que contrasta agudamente con las generaciones anteriores de intelectuales orgánicos.
Y los intelectuales institucionalizados que forman parte del circuito internacional de provisión de fondos tienen mucho que perder, pero no en el sentido de cualquier compromiso profundo con la lucha popular por transformar el sistema socioeconómico. Los intelectuales institucionalizados de hoy miran con desdén a los intelectuales orgánicos que los precedieron -meros "ideólogos"- y se consideran a sí mismos cientistas sociales. Desde luego que no existe semejante distinción entre ciencia e ideología. Los ideólogos institucionalizados están tan orientados ideológicamente como sus predecesores: su "ciencia" está unida a un mundo de conflicto manejado, de elites electorales, de mercados privados, y de ingeniería social. Son los guardianes ideológicos que han exiliado la política del imperialismo al limbo de los idiomas olvidados. Han descrito su propia conversión en intelectuales funcionarios como la culminación de una revolución científica que trasciende las vulgares y parroquiales preocupaciones ideológicas. En el pasado, los intelectuales orgánicos discutían con pasión las ideas, porque las mismas tenían consecuencias directas para su propio compromiso y participación personales. Los intelectuales institucionalizados cambian de ideas como de ropa interior. La pose de objetividad (la metodología necesaria para la aceptación externa) suministra la distancia correcta, a partir de la cual se pueden observar las luchas como objetos a ser deformados, manejados y gobernados.
El problema del compromiso intelectual está relacionado con el público al que cada uno se dirige: el intelectual institucionalizado escribe y trabaja dentro de los límites de los otros intelectuales semejantes, de sus patrocinadores de ultramar y sus conferencias internacionales, y como ideólogo político que establece el territorio de la clase política liberal. Los intelectuales orgánicos se movían en el mundo de los activistas y militantes políticos lisos y llanos, con una visión global que desafiaba los límites del mercado, propio de sectores pudientes. Su trabajo ligaba las luchas locales en las minas, bancos y fábricas como instancias concretas del dominio imperial global. Ligaban el descontento social con las luchas políticas contra un Estado sectario claramente determinado.
El influjo de los intelectuales institucionalizados ha desterrado los conceptos claves que iluminaban las luchas populares. Imperialismo, socialismo y luchas sociales han desaparecido a través del agujero de la memoria: están fuera de moda.
En vez de esas formulaciones precisas, han emergido en el aparato conceptual de los intelectuales institucionalizados, nociones vacías de "participación popular”, desencarnados "problemas de deuda” y “contratos sociales”, Los nuevos códigos de lenguaje de los intelectuales institucionalizados tienen una doble función: suministran a los guardianes ideológicos las señales simbólicas para expulsar a los transgresores y legitiman a los ojos de los propios intelectuales su papel de cuidadores de la ideología hegemónica de los centros conservadores de subsidio. Entre los institutos dedicados a la difusión ideológica a través de la promoción y el entrenamiento popular, los efectos negativos de este estilo de trabajo intelectual son magnificados. En su actividad promocional entre las clases populares, la resolución de problemas es localizada y disociada de cualquier idea de poder estatal y de la construcción de una visión alternativa basada en el concepto de estratos sociales de una sociedad colectivista democrática, que era el proyecto original y creativo de los intelectuales orgánicos.
La transformación conceptual y lingüística que acompaña la conversión de los intelectuales orgánicos en institucionalizados se manifiesta de formas distintas. La política del lenguaje es el lenguaje de la política: tan impactante como lo que se escribe y se publica en los institutos es lo que queda ausente. En el período actual en que los bancos y corporaciones de Europa y Estados Unidos están comprometidos en una extracción masiva y sostenida del superávit económico, no hay un solo centro de investigación subsidiado en Chile, Argentina, Perú, Colombia o Uruguay que esté elaborando y profundizando la comprensión de la teoría y práctica de la explotación imperialista. En vez de eso encontramos el lenguaje de la evasión, la ciencia social del eufemismo: el problema es planteado como "el balance de pagos" o "el problema de la deuda". Los intelectuales institucionalizados se entregan a una abstracción ingeniosa y astuta de la deuda, de la política de clase y, aún más, de las luchas sociales. Desde su aventajado punto de vista, existen sólo "Estados" desencarnados, sin sectores, que negocian con otros "Estados": los intelectuales institucionalizados han creado la metafísica de la pospolítica.
En su sentido más amplio, el influjo de los intelectuales institucionalizados y la declinación de los intelectuales orgánicos, representan una contrarrevolución cultural, un gran salto hacia atrás. Es el mundo del intelectual como "consejero político interno", administrador de la conformidad política o (en su idioma) del consenso político. Para los intelectuales ex-radicales arrepentidos (aquellos que pasaron de una vocación política a una vocación institucional) la esencia de la política es la burocracia. El eje de la política gira alrededor de estrechos intereses institucionales, desarrollando vínculos con los caudillos de los centros de poder burocrático. En este contexto, la principal preocupación intelectual es la renovación del formalismo y el legalismo y la marginación de la política sustantiva.
El agotamiento político (en el sentido de la incapacidad o falta de voluntad de formular una visión global) es reconstruido como Teoría Política: una compilación sanitizada de conceptos no relacionados con las luchas históricas. No hay relación entre las opciones políticas de los intelectuales institucionalizados y la realidad de América Latina. Bajo condiciones de absoluta y sostenida regresión socioeconómica, de miseria popular masiva y de creciente descontento social, el lenguaje y la práctica conceptual de la reconciliación y política son surrealistas. No reflejan las realidades latinoamericanas objetivas; reflejan la reconciliación del intelectual con los parámetros ideológicos de las agencias subsidiantes interiores y exteriores.
En los centros de investigación intelectualmente más consecuentes existe una honda contradicción entre los profundos problemas estructurales, que son discutidos con rigor de modo muy detallado, y la política superficial recetada en lenguaje burocrático eufemista. La combinación de crítica socioeconómica y definiciones políticas no consecuentes, define el dilema de los mejores intelectuales institucionalizados latinoamericanos.
Que esta contradicción provoque malestar personal entre algunos intelectuales institucionales es dudoso. Para la mayoría de ellos, las operaciones institucionales son la realidad dominante en su vida cotidiana. Y para quienes operan dentro de las reglas del Instituto, el mundo importante es el circuito del instituto internacional. El prestigio y las recompensas giran alrededor de los sistemas de la conferencia internacional y el centro de investigación avanzado. Los directores de investigación internacionales y los organizadores de los proyectos de investigación internacionales más importantes, son figuras decisivas en el mundo del intelectual institucionalizado.
El crecimiento rápido y masivo de los intelectuales institucionalizados y su influjo en los años ochenta no dejan ver su creciente vulnerabilidad. La universalización de intereses privados, tan evidente en sus vidas intelectuales y personales, no ofrece soluciones sociales y contribuye a una mayor fragmentación del tejido de la sociedad civil. Lo que se ha vuelto central para los intelectuales institucionalizados es la reproducción de sus institutos. Con los conflictos sociales en aumento, es de esperar que sus patrocinadores exijan claras definiciones políticas: estudios no del terror estatal sino de propensiones a la violencia entre quienes habitan las poblaciones, datos útiles para limitar la insurgencia popular. Irónicamente, pueden ser las agencias de financiación externas las que devuelvan el intelectual al estudio de la relación entre sector social y Estado (apartándolo de los enfoques centrados en el "Estado"), a medida que se preocupen ante la nueva ola de lucha social.
Durante las dictaduras militares, los institutos de investigación mantuvieron una posición ambivalente: publicaron estudios que atacaban las violaciones a los derechos humanos, las desigualdades de ingresos, los pagos de la deuda externa, y el esquema de acumulación económica neoliberal. Al mismo tiempo, los institutos expresaron sus recetas en términos de alianzas políticas y sociales (incluyendo como socios de coalición a elites económicas y militares) que parecían excluir la posibilidad de cualquier reforma consecuente. El ambiguo tratamiento, por parte de los intelectuales de los centros de investigación, del análisis crítico socioeconómico junto con sus complacientes recetas políticas, fueron resueltos con la transición a los regímenes civiles electorales. En algunos países, como Argentina y Brasil, los intelectuales institucionalizados se convirtieron en funcionarios importantes de los gobiernos civiles electorales. Estos regímenes, condicionados por sus alianzas con las elites militares y económicas, se adaptaron a las estructuras socioeconómicas preexistentes y siguieron políticas semejantes a las de sus predecesores. En este contexto los intelectuales institucionalizados, incluyendo a aquellos que ocupaban altas posiciones en el nuevo régimen como así también a sus colegas que permanecieron en el centro de estudios pero servían como consejeros del régimen, desplazaron su agenda de investigación, apartándola de estudios críticos de las desigualdades, la dependencia y el poder, hacia direcciones tecnocráticas y de desarrollo.
Su crítica ya no estuvo dirigida a sus colegas en el régimen y el Estado sino hacia los sindicatos, los movimientos sociales, y los partidos políticos en la sociedad civil, que presionan al régimen para que cumpla sus promesas electorales. La noción más común y banal que informó la escritura y los pronunciamientos políticos ocasionales de los intelectuales institucionalizados convertidos en oficialistas, fue lo del "demonio doble". Según esta idea, el régimen civil electoral está amenazado al mismo tiempo por los militares de extrema derecha y por los movimientos sociales "radicales" o "extremistas". Los intelectuales institucionalizados recurren a la confusión de los movimientos sociales que lucharon y eligieron a los regímenes civiles con los grupos militares y paramilitares desplazados. Este ejemplo de deshonestidad es sintomático del estado avanzado de decadencia que acompaña a la conversión de los intelectuales institucionalizados en funcionarios del Estado.
Los intelectuales así "uniformados" no pueden enfrentar la crisis de sus regímenes electorales liberales y el fracaso de sus políticas de contrato social. Hacerlo exigiría que se apartaran del marco ideológico asegurado por la financiación externa.
Los empresarios intelectuales institucionalizados no sólo saben cómo y dónde obtener abundante subsidio externo, sino que conocen también los peligros implicados en plantear alternativas sociales basadas en la organización de la base social a las democracias liberales en existencia. Enfrentados a este dilema, la posición más conveniente es proclamar que la situación postelectoral es muy difícil y compleja, y que no hay alternativas fáciles. Esta posición permite a los intelectuales institucionalizados seguir recibiendo fondos, externos e internos, mientras pasan por encima de los rasgos y políticas menos atractivos de sus colegas en el Estado.
De ese modo, muy poco después de la transición a un régimen civil los intelectuales institucionalizados pasan de la celebración electoral a la consternación política: al pasar a apologistas del régimen abdican de su responsabilidad como intelectuales críticos. La crisis actual de la democracia liberal en América Latina se refleja en la crisis del intelectual institucionalizado en especial a medida que las agencias de ayuda externa han empezado a buscar y financiar otros institutos, vinculados a las nuevas fuerzas sociales en ascenso.

Conclusión
Tipos de intelectual diametralmente opuestos sirven como modelo para la próxima generación: los intelectuales orgánicos de los años sesenta y los intelectuales institucionalizados de los años ochenta y noventa. El impacto de los últimos sobre la generación actual ha sido contradictorio: aunque han impartido capacidad metodológica, sus estudios teóricos y empíricos se enmarcan en un contexto ideológico que suministra un terreno intelectual inadecuado para desarrollar un compromiso con las luchas sociales emergentes. Aun así, la incapacidad del intelectual institucionalizado para suministrar respuestas adecuadas a los problemas apremiantes que enfrentan los regímenes democrático-liberales, ya ha puesto en marcha la formación de núcleos de jóvenes intelectuales vinculados a los movimientos sociales y políticos. El modelo de rol negativo que los intelectuales institucionalizados ofrecen a la nueva generación se encuentra en el estilo de vida y los valores que acompañan sus investigaciones: redes internacionales y recetas políticas ambiguas. la crisis actual en América Latina puede forzar a los integrantes de la nueva generación de intelectuales que no pueden ser, o elijan no ser absorbidos por un sistema que ha demostrado su incapacidad para superar desigualdades, a luchar contra él y a reconstituirse como tales a través de vínculos orgánicos con los movimientos populares.

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